8. EL PATRIMONIO DOCUMENTAL ROBADO

En septiembre del año 2016, el Archivo General de la Nación presentó en una reunión internacional presidida por la UNESCO el Documento de referencia sobre el combate al Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental, en el que se reconoce que "una de las principales amenazas a las que se enfrenta el patrimonio documental... es la transferencia de propiedad ilícita... La facilidad con la que un documento puede ser sustraído de su lugar de archivo, las fallas de identificación, catalogación o cuidado básico, así como las trabas administrativas para restituirlos a su lugar de origen, son algunos desafíos particulares en relación a este delito".

Se retoma la descripción de las características que debe tener un recurso de información para ser considerado patrimonio documental, conforme el planteamiento del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO:

• Ser movibles.
• Hechos con signos/códigos, sonidos y/o imágenes.
• Conservables (los soportes son elementos inertes).
• Reproducibles y trasladables.
• Fruto de un proceso de documentación deliberado.

Debe tenerse en cuenta que la propuesta del Documento de referencia consta de varias acciones que adaptamos de la siguiente manera:

1. Conformar una red de especialistas que analicen a profundidad los retos alrededor del tráfico ilícito, así como elaborar nuevas normas.
2. Facilitar que los recursos de información robados tengan mayor accesibilidad a medios de investigación en organizaciones internacionales como INTERPOL.
3. Desarrollar acciones para generar políticas públicas en materia de repositorios.
4. Promover el desarrollo y adopción de las normas en materia de protección del patrimonio documental.
5. Impulsar una declaración conjunta de apoyo y colaboración, en la que se incluya el compromiso de no adquirir recursos de información de otras naciones.
6. Desarrollar insrumentos de control físico e intelectual, así como para la consulta.
7. Regular la actividad de los negocios de venta de recursos de información antiguos o viejos, así como de las casas de subastas, en materia de comercio de recursos de información con valor de interés local, regional o nacional.
8. Incorporar a los recursos de información mecanismos de identificación no agresivos.
9. Desarrollar programas de elaboración de versiones fasimilares de los recursos de información históricos, que estén al alcance de cualquier persona.
10. Fortalecer la elaboración de un Censo Guía de patrimonio documental robado.

El robo y tráfico ilegal puede ocurrir en muchas latitudes, pero en México tiene triste raigambre, pues abundan los relatos y anécdotas que muestran el poco aprecio que se tiene por los recursos de información, a pesar de que se reconozca su valor, o quizá debido a ello.

Al respecto, podemos recordar la excomunión reservada al Papa para quien hurtara libros de las bibliotecas conventuales, para lo cual se ponía una amenaza en la entrada de esos recintos. En referencia a los archivos, comenta Villa-Flores que en los archivos notariales o judiciales del siglo XVIII "muchos documentos se extraviaban o eran extraídos sin control por abogados, procuradores, relatores o personajes superiores en la jerarquía social". Agrega que los escribanos carecían frecuentemente del apoyo oficial para evitar la desaparición documental.

Consideremos tres ejemplos del arsenal de recuerdos:

Lucas Alamán (1792-1853) escribió que al poco tiempo de la consumación de la independencia de México supo que el Acta de independencia, que estaba en el Palacio Nacional, fue robada por un empleado, quien la vendió a un extranjero. Poco después, la encontró en Francia y no pudo recuperarla. Es de notar que este documento regresó a México en dos ocasiones, antes de que volviera a tenerla el gobierno de la Nación.

Martínez García relata la historia del obsequio que hizo en 1827 José María Luis Mora, consistente en tres volúmenes de manuscritos, parte de ellos en náhuatl, para la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Entre los manuscritos iba el Códice Chimalpahin, que fue recuperado por el gobierno mexicano en 2014.

Códice Chimalpahin

En 1988, la obra de teatro Nadie sabe nada, de Vicente Leñero, fue censurada. Luego de unas modificaciones que debió hacer el autor se permitió su presentación. Consta de dos actos que tienen como trasfondo el robo de unos documentos que estaban en el escritorio del Presidente de la República. Un político los sustrajo y buscaba que los publicara un amigo periodista, pero fue asesinado antes. Al final, el periodista consiguió los documentos y los entregó, regresando todo a la normalidad.

Es sumamente importante lo que propone el Documento de referencia del Archivo General de la Nación, y por ello se debe establecer como mandato de todo tipo de repositorio en el país que tenga inventarios y controles físicos, como primera medida de seguridad. Además, también sería de gran beneficio que se estableciera un fondo nacional de participación mixta para apoyar proyectos de conservación y organización de esos repositorios.

Es mucho lo que se debe hacer, pero si no se inicia ahora el riesgo de perder nuestro patrimonio documental se hará más patente.

Bibliografía

Adame, Domingo. (2011). La dramaturgia mexicana contemporánea, 1950-1990, y sus temas fundamentales. Literatura mexicana, 4(2), pp. 523-540.

Alamán, Lucas. (1885). Historia de México. México: Imprenta de Victoriano Agüeros y Comp. T. 5, p. 261.

Archivo General de la Nación (México). (2017). Documento de referencia sobre el combate al Tráfico Ilícito del Patrimonio Documental. Localizado: 16 abr. 2019. En: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/289273/Documento_de_Referencia_Trafico_del_Patrimonio_Documental.pdf

Martínez García, Carlos. (1 oct. 2014). Mora, Thomson y el códice Chimalpahin. La Jornada. Localizado: 15 abr. 2019. En: http://jornada.com.mx/2014/10/01/opinion/023a2pol

Villa-Flores, Javier. (2009). Archivos y falsarios: producción y circulación de documentos apócrifos en el México borbónico. Jährbuch für Geschichte Lateinamerikas, 46, pp. 19-41.

4. RIESGOS DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

El tratamiento de la sustentabilidad del patrimonio documental pasa por el reconocimiento de los riesgos que enfrentan los documentos y sus repositorios. Al respecto, en la historia de la humanidad hallamos múltiples ejemplos de pérdidas por destrucción o daños infligidos a piezas documentales, a veces como efecto de desastres naturales, o por acción de individuos que actúan con sustento en creencias ideológicas, o con justificaciones que sirven para mantener las fronteras de la ignorancia y la ingenuidad en las comunidades o en grupos determinados.

Pero hay otras causas para que estos incidentes ocurran. Así, una de las miradas que escudriñan para entender por qué se abandonan los documentos que heredamos del pasado es la de Juana Inés Abreu, quien en el año 2001 expresó que "los incendios, mutilaciones e inundaciones no son los únicos enemigos de los fondos contenidos en las bibliotecas, pues continuamente se tiene que luchar contra la ignorancia, la avaricia, la barbarie y la indiferencia para proteger los acervos que constituyen el patrimonio bibliográfico de nuestro país".

Tenemos así que en las últimas dos décadas se ha incrementado la vulnerabilidad del patrimonio documental que posee el gobierno mexicano como consecuencia directa de los recortes presupuestales y los adelgazamientos de las plantillas de recursos humanos. Entre los casos que se llegan a conocer, encontramos que en 1999 se levantó formal denuncia por el robo de documentos históricos en varios archivos del Gobierno del Estado de México. Sin embargo, en marzo del siguiente año el denunciante declaró a la prensa que había recibido amenazas de la administración estatal, además de que lo acosaba el ministerio público para que desistiera su monitoreo de la denuncia. Desconocemos si alguna vez se encontraron esos documentos.

Esta situación no sólo ocurre con documentos históricos, pues en el año 2001 regidores interinos de Ciudad Juárez, Chihuahua, reclamaron públicamente que los regidores de la anterior administración municipal se llevaron los archivos de sus distintas comisiones, por lo que dejaron la instancia gubernamental sin ninguna información para dar seguimiento a los casos de interés de la comunidad. Esta misma situación ha ocurrido innumerables veces en México, siendo uno de los casos más sonados el saqueo de archivos de papel y electrónicos que perpetró la administración de Óscar Espinosa Villarreal cuando dejó la última regencia del Distrito Federal en 1997.

Otro caso ocurrió en el año 2005, cuando la periodista Julieta Riveroll comentó que las librerías de viejo de la ciudad de México tenían en venta libros con sellos y papeletas de préstamo de bibliotecas públicas y bibliotecas universitarias de la UNAM. Al respecto, señalaba  que ni las bibliotecas públicas ni la Universidad Nacional habían presentado alguna vez denuncias penales por robo de libros. Asimismo, que en el caso de la UNAM no se consideraban estas sustracciones como delictivas para su presentación en el Tribunal Universitario.

Más recientemente, en el año 2015 Claudia Sánchez, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, calificó de "patrimonio en riesgo" a los archivos fotográficos del país. Señaló que esto se debe en parte a que las fotografías no están contempladas, o no se les indica con claridad en la legislación vigente para el cuidado del patrimonio documental. Esta preocupación tiene un ejemplo ese mismo año con el libro Mexican crime photographs from the archive o Stefan Ruiz, realizado por el artista Ruiz con fotografías robadas en los archivos policiales mexicanos, las cuales encontró a la venta en una caja de fotografías que halló en un mercado; a esto siguió el aprovisionamiento del vendedor, quien le siguió llevando fotografías durante el siguiente semestre.

Si todo fueran sólo robos de documentos y saqueos en los repositorios, se tendría que el problema principal sería la inseguridad, pero no es así. Esto lo podemos notar en la siguiente gráfica de riesgos del patrimonio documental.

Gráfica 1. Riesgos del patrimonio documental

La agrupación de las situaciones de riesgo es acorde a la segunda gráfica de nuestra anterior entrega. Es de notar que la preservación del patrimonio tiene el mayor número de casos conocidos, y ello puede deberse a la carencia de legislación y normativas actualizadas y claras para referirse a este particular. Asimismo, porque en materia de preservación es donde se pueden detectar mayores situaciones que se presentan con motivo o por omisión de los implicados.

Es de llamar la atención la gran cantidad de casos de repositorios documentales que hay en México que no cuentan con un control físico en sus dos herramientas básicas: inventario y número de inventario. En algunos casos, como en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, esta situación es de gran peligro y de llamar la atención principalmente en sus escuelas y centros de investigación, donde desde hace mucho se ejecuta un saqueo hormiga por parte de la burocracia sin que nadie pretenda evitarlo, pues todo queda en familia.

Recientemente, los procesos de digitalización en las organizaciones se han convertido en un riesgo potencial para la permanencia de los originales, como es el caso del Archivo de Concentración del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en donde se están digitalizando los expendientes, y no ha faltado algún funcionario que pretenda que se destruyan los originales que hayan recibido este proceso.

El mercadeo ha sido un gran problema para los repositorios mexicanos, pues la falta de experiencia y pericia de quienes están a cargo de su ejecución ha llevado a que se olviden documentos originales en las imprentas, se digitalicen volúmenes sin el debido cuidado, o se dé mucha notoriedad a los documentos sin instalar las medidas de seguridad que impidan su robo.

Tenemos entonces que la sustentabilidad del patrimonio documental en México sólo se podrá realizar en aquellos casos en que se emprendan procesos para evitar los riesgos. Esto es, cualquier medida que se lleve a cabo sin considerar los riesgos potenciales en que se ponen los documentos, estará enfilada a fracasar, y luego a ocultar ese fracaso. Hay subyacente una lógica trágica que impera en los repositorios del patrimonio documental y con los mismos documentos que hay en México, la cual fue explicada por el historiador Luis González hace años, cuando afirmó que a los mexicanos no nos interesa que nos roben nuestro patrimonio, pues tenemos tanta gente creativa en este país, que sigue produciendo, por lo cual siempre habrá mucho más de lo que se puedan llevar los ladrones.

Y es que ante esta lógica, no hay modo de tener un patrimonio documental, por lo que este asunto debe abrirse a la reflexión pública.